De acuerdo a lo previsto por la ley 15.276 y el criterio interpretativo del órgano de aplicación (Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires), es necesario que cada persona integrante del Poder Judicial participe en diversas instancias de formación continua y permanente en desarrollo sostenible y en materia ambiental.

En consecuencia, la Suprema Corte, a través de su Resolución 2250/22 encomendó al Instituto de Estudios Judiciales desarrollar las actividades de formación necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto con la Ley, en coordinación con dicho Ministerio.