De acuerdo a lo previsto por la ley 10592, todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en el ámbito de los tres poderes del estado provincial, deben capacitarse obligatoriamente en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos.

En consecuencia, la Suprema Corte, a través de su Resolución/Acuerdo… (FALTA COMPLETAR NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN/ACUERDO Y LINK DE CORRESPONDER) encomendó al Instituto de Estudios Judiciales desarrollar las actividades de formación necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto con la Ley.